LA MUERTE DE EDGAR TAMAYO: VIOLACIÓN INACEPTABLE AL DERECHO INTERNACIONAL

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El pasado de 22 de enero de 2014, en la prisión de Huntsville, Texas, después de purgar 20 años de prisión, fue finalmente ejecutado por inyección letal el morelense Edgar Tamayo. Por este caso, y otros 52 más, el 9 de enero de 2003 México formuló una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (con sede en La Haya) contra los Estados Unidos de América por el caso del nacional mexicano Carlos Avena Guillén, quien fuera sentenciado en 1982 en California a la pena capital por el delito de asesinato.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia resolvió que los Estados Unidos están obligados a revisar y reconsiderar las sentencias emitidas contra 51 mexicanos, incluido Edgar Tamayo, que fueron condenados a la pena de muerte sin haber recibido la asistencia consular del gobierno mexicano, a que se refiere el  artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares  de 1963, que a la letra dice:

“Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado.”

La ejecución de Edgar Tamayo, fue el tercer caso  de un mexicano que estaba contemplado en la lista de los 51 casos a los que se refiere el “Fallo Avena” del 31 de marzo de 2004, sin que su caso hubiera sido revisado.

En su momento, el ex canciller  Bernardo Sepúlveda Amor, fue el  juez Ad hoc en la Corte Internacional de Justicia con respecto al caso Avena, en el cual México denunció que Estados Unidos no ofreció a los detenidos y condenados a muerte su derecho a ser asistidos por el  consulado más próximo de manera inmediata al momento de su detención, lo cual está previsto en los tratados suscritos por ambos países.

Es importante resaltar, que en el caso de Edgar Tamayo, como en los demás casos contenidos en el Fallo Avena, la molestia del Gobierno Mexicano y también de la comunidad Internacional, no tiene que ver con la presunción de inocencia o culpabilidad de los detenidos. La molestia estriba en la ominosa desigualdad con la que el gobierno de los Estados Unidos de América aplica la legislación internacional en materia de derechos humanos.

En el caso particular de Edgar Tamayo, y después del precedente establecido por el fallo del Caso Avena, las autoridades estadounidenses estaban obligadas a revisar el proceso que resulto en el fallo de culpabilidad, pues se comprobó que si Tamayo hubiera obtenido la asistencia consular oportunamente, las autoridades mexicanas habrían comprobado las limitaciones mentales y el retraso intelectual que padecía el sentenciado, por lo que ningún jurado hubiera votado por ejecutarlo.

A pesar de la violación por parte del Gobierno Estadounidense, en cada caso de pena de muerte, el gobierno de México ha brindado todo el apoyo en las diversas instancias legales. Así, con el ánimo de contribuir todavía más en apoyo a estos mexicanos y de aquellos que enfrentan procesos que pudieran culminar con la pena capital; en el año 2000 el Estado mexicano, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, creó el Programa de Asistencia Jurídica a casos de pena capital en Estados Unidos.

Dentro de este marco, al 31 de diciembre de 2013, el Programa habría logrado evitar o revertir la imposición de la pena capital en 862 procesos.

Independientemente de que la red consular mexicana es probablemente  la más grande del planeta y de que uno de los ejes de la Política Exterior de nuestro país es precisamente la protección a los mexicanos en el exterior, estos esfuerzos y otros de la mayor importancia en materia de derechos humanos, se ven obstruidos por la falta de cumplimiento y franca violación por parte del Gobierno de los E.U.A. del Derecho Internacional, como se demuestra nuevamente  con el caso de Ramiro Hernández Llanas, cuya ejecución lamentablemente ha sido programada para el mes de abril sin haber sido revisado debidamente su proceso.

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