La violencia contra las mujeres no es ni “invisible” ni “normal”

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer investigadoras de El Colegio de San Luis reiteraron el llamado para atender la problemática de las mujeres indígenas del estado, en especial las experiencias que en  materia de violencia sexual viven las mujeres indígenas potosinas.

A través del Diagnóstico de la violencia sexual en San Luis Potosí, estudio realizado por El Colegio de San Luis, el Consejo Estatal de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas,  se precisa que éste  grupo “reclama atención no sólo por el considerable número de población que representa sino por las condiciones desfavorables que continúan prevaleciendo en sus comunidades”.

Refiere el diagnóstico que existe un vínculo que se ha señalado entre las prácticas de violencia y las condiciones estructurales de desventaja social, escasos niveles educativos, bajos ingresos económicos, así como condiciones de hacinamiento y pobreza en general que se han referido como detonadores de vulnerabilidad hacia conductas de violencia tanto autodirigida como dirigida hacia terceros, particularmente niños, mujeres y ancianos.

Según el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado 2009-2015, el Índice de Violencia hacia la Mujer calculado para el Estado de San Luis Potosí fue de 69.2% y a partir de él se calcularon los tipos de violencia, resultando que de cada 100 mujeres que sufren violencia, 95 viven violencia emocional; 49 sufren violencia económica; 27 violencia física y 23 violencia sexual. El índice de violencia detectado en cada una de las regiones de estudio presenta variaciones, destacando por sus altos niveles, la microrregión Huasteca Centro, donde de cada 10 mujeres, 6.2 manifestaron sufrir violencia; en la zona conurbada de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, 7.2 de cada 10; en Altiplano Este, 6.9 de cada 10; y en la microrregión Media Oeste, 7.3 de cada 10 mujeres (PED 2009-2015: 69).

El documento incluyó otras cifras que evidencian la grave situación en el estado, al dar cuenta que un estudio sobre Violencia feminicida en México, que se realizó con el apoyo de ONU-Mujeres (2012:11), puntualizó que entre 2005 y 2010, el estado de San Luis Potosí descendió del lugar 19 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) al lugar 23, con relación al resto de las entidades del país, lo que da cuenta de un deterioro en las condiciones de Desarrollo Humano en ese periodo.

Otras estimaciones han hecho hincapié en el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG), en el que San Luis Potosí ocupó la posición 20. Aunque aparentemente el IDG ganó cuatro lugares, debido a que la violencia de pareja no es tan aguda como en otras entidades, la tasa de suicidios en el estado potosino aumentó entre 2005 y 2010, por lo que San Luis Potosíocupó el tercer lugar a nivel nacional en suicidios en ese último año (ONU Mujeres, Echarri, 2012).

Según datos del INEGI (2009), el 11% de la población potosina está constituida por sujetos que hablan una lengua indígena, es decir, 234 mil 815 personas, como se sabe, predominan tres grupos étnicos: los Tenek o Huastecos, los Nahuas y los Xi’Oi o Pames. La desigual distribución de los grupos a lo largo de todo el estado hace más complejo la aplicación de  políticas públicas y programas sociales dadas las diferencias  ambientales y socioculturales que facilitan o dificultan la implementación de  acciones para atender problemáticas distintas.

Señala la investigación que resulta imprescindible por otra parte, poner en escena el marco político y social que continúa prevaleciendo en las comunidades indígenas y que potencia una condición de triple vulnerabilidad de las mujeres en la que convergen condición étnica, de clase y de género.

Advierte el documento que en ese contexto, los espacios sociales en que se desarrollan las mujeres indígenas representan un medio idóneo para la violencia en general y particularmente para la violación de los derechos sexuales y reproductivos. Los imaginarios que prevalecen en las comunidades indígenas, más el impulso político que ahí se ha generado por el derecho a la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas, han provocado una ausencia de claridad y compromiso de las instituciones del Estado en la defensa del derecho de las mujeres a vivir en ambientes libres de violencia.

Aun cuando la violencia se observa, se siente y se sufre, imaginarios y representaciones sociales relacionadas con la violencia pueden llegar a “normalizarse” y en dicho sentido lograr “invisibilizarse” en la vida cotidiana y en las instituciones que deben garantizar el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Para algunos grupos sociales, haber nacido y crecido en ambientes domésticos en los que la violencia, en cualquiera de sus modalidades, es parte de la cotidianeidad de “ser mujer”, representa en primer lugar, un fuerte obstáculo para identificar los atentados a sus derechos humanos y sexuales-reproductivos, y en segundo lugar, obstaculiza la generación de ambientes de empoderamiento para defenderles.

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