Por la vida de las niñas y mujeres potosinas: Alerta de Género sin vacilaciones y sin simulaciones.

En todo el mundo, una de cada tres mujeres

ha sufrido violencia física o sexual,
principalmente por parte de un compañero sentimental.
Ya sea en el hogar,
en la calle
o en los conflictos armados,
la violencia contra las mujeres
es una pandemia mundial
que ocurre en
espacios públicos y privados.[1]
ONU-MUJERES

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El 25 de noviembre ha sido decretado el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, dentro de una jornada de 16 días de activismo intensivo a favor de sensibilizar y hacer conciencia sobre el problema de la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo.

San Luis Potosí, a casi 8 años de contar con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sigue reportando datos lamentables que muestran la falta de institucionalización de una perspectiva de género para prevenir y actuar con eficiencia frente a la violencia contra las mujeres. Se siguen perdiendo vidas de niñas y mujeres, ocasionadas por la violencia machista que prevalece en la sociedad potosina, y que en sus formas extremas sigue cobrando víctimas cada vez más jóvenes, en manos de agresores también de menor edad.

El reciente informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, demuestra que se ha hecho muy poco para actuar frente a los feminicidios: para empezar, no se levantan los datos correctamente, no se investiga y no se actúa ni se previene; hay omisión, resistencia y falta de capacidades de los servidores públicos encargados de tomar decisiones al respecto, como señala el informe:

la Dirección del Registro Civil en el Estado informó que, en el periodo comprendido del 2 de junio de 2011 al 28 de agosto de 2015 se registraron 887 defunciones de mujeres por causas accidentales y por causas violentas, sin que existan datos de las muertes de mujeres que se puedan relacionar con casos específicos de violencia feminicida.[2]

La falta de datos es la omisión de análisis de los contextos que pudieran evidenciar los avisos de riesgo en que vivían las mujeres que perdieron la vida; la vulnerabilidad o los antecedentes de experiencias de violencia que hubieran experimentado las víctimas, que pudieran haber alertado a autoridades a actuar a tiempo. Tan es así, que de esos 887 caso de muertes de mujeres, los casos que son investigados son muy pocos y menos aún los que llegan a emitir sentencias,

de las 124 Averiguaciones Previas por privación de la vida de mujeres, la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que de 2011 a febrero de 2015 se radicaron 37 Averiguaciones Previas por el delito de feminicidio.[3]

Cuando personal médico, policial o judicial desconoce el ciclo de la violencia de género, así como los protocolos para atender a víctimas que se acercan a pedir ayuda para evitarla, se pierde la oportunidad de actuar y salvar vidas, o de hacer justicia y reparar el daño a los deudos. La omisión permite que el problema crezca.

El fenómeno de feminicidios en Ciudad Juárez por ejemplo, mostró que había ya un contexto de crímenes misóginos y de extrema violencia de género; había huellas de desprecio sexista y alta inseguridad para las mujeres en determinados lugares. Los agresores mostraron un patrón de elegir como víctimas a mujeres generalmente pobres y vulnerables. Las autoridades eran incapaces de documentar los casos, carecían de protocolos y de leyes y más que nada ya eran indolentes ante estos crímenes. Mientras que los agresores seguían libres y asesinando mujeres.

Las cosas empezaron a cambiar en Ciudad Juárez, con la preparación del personal policial para producir datos y hacer investigación, para que aprendieran a manejar los protocolos de detección de feminicidio y prevención de la violencia de género; a la par fue fundamental el fortalecimiento del marco jurídico y la generación de fiscalías especiales; entre otras medidas especiales que ayudaron fue la de cuidar la seguridad en el transporte público y enfatizar la vigilancia urbana. Actualmente en Juárez, se trabajan proyectos con cooperación internacional para restablecer el tejido social en las familias afectadas por las muertes violentas.

En San Luis, seguimos sin hacer nada en serio, esperando que las cosas cambien por arte de magia. Se pensó que los feminicidios eran crecientes por el efecto de la presencia de la narcoviolencia, pero que ya pasarían. Lo cierto es que los ciudadanos no tenemos clara la situación de seguridad ante la violencia del narco y tampoco vemos que disminuya o se actúe con mayor profesionalismo frente a la violencia contra las mujeres.

Por ejemplo, ante las evidencias de mujeres víctimas que perdieron su vida en formas violentas, se debe cumplir un protocolo para clasificar y sancionar adecuadamente el delito. Una muerte por violencia feminicida implica una pena mayor al agresor y un aviso a otros posibles agresores, que muestre la firmeza de actuación institucional para aplicar la justicia y que de confianza a la ciudadanía.

Asimismo para diseñar estrategias de actuación son fundamentales los datos sobre la geografía de la violencia, como afirma la CEDH, para el caso de San Luis:

Con esta información se puede advertir que es en las zonas Centro y Huasteca del estado en donde se registra el mayor número de casos de feminicidio, dado que 22 de ellos ocurrieron en siete municipios de la zona Centro: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, , Villa de Reyes, Villa de Zaragoza y Ahualulco, lo que representa el 56.41%; y 17 casos en la zona Huasteca: Tamuín, Tamazunchale, Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Tamasopo, Tanquián de Escobedo y San Martín Chalchicuautla, lo que equivale al 43.59%.[4]

En este sentido, declarar la alerta de género en nuestra entidad debiera empezar en forma urgente, por construir mayor seguridad en los municipios con más alto índice de crímenes feminicidas. En estos lugares las autoridades municipales deben actuar coordinadamente, aplicando los protocolos y estableciendo medidas locales para dar garantías de seguridad a las niñas y mujeres.

Una alerta de género no debe convertirse en una simulación para  “hacer como que se alerta”,  ni someterse a los caprichos y rivalidades entre los partidos políticos que gobiernan en los municipios. Se trata de unir esfuerzos en serio, para parar la violencia contra las mujeres, para actuar con certeza y rapidez frente a las desapariciones de niñas y para actuar profesionalmente frente a los terribles hechos de violencia feminicida.

ONU-Mujeres insiste en la importancia de informar a la comunidad, con un trabajo constante en los medios de comunicación, sensibilizar al funcionariado, a los docentes, a la comunidad en general e incrementar estrategias para contar con lugares seguros para las mujeres así como pensar en su bienestar en un sentido más amplio, para lo cual deben contar con más espacios de participación económica y social:

Hacer un fuerte hincapié en la prevención a través de la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos. Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión, en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política.[5]

[1] http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women#sthash.JkcLKmTK.dpuf

[2] Véase informe en http://www.cedhslp.org.mx/portal/docviewer.php?doc=informesesp/InformeEspecialsobreFeminicidios2015.pdf&tipo=Informes%20Especiales&pag=informesesp

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women#sthash.JkcLKmTK.dpuf

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