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La falta de voluntad política de las instituciones gubernamentales obstaculiza el combate contra la violencia de género dijo la investigadora Oresta López académica de El Colegio de San Luis.

Explicó que en San Luis Potosí la alerta de género se solicitó el 23 de noviembre de 2015, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para activarse en 6 municipios. El gobierno estatal al iniciar su administración se sumó a esta solicitud. Este proceso inició con la conformación de un grupo de expertas en la materia, este grupo de trabajo elaboró un informe-diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres en el estado, y emitió ocho recomendaciones que -dijo- no reflejaban la situación de violencia que afecta a las mujeres en San Luis Potosí. En su momento el Consejo Ciudadano del IMES y la Mesa Interinstitucional para atender los Feminicidios en San Luis Potosí, hicieron observaciones sobre lo anterior, sin recibir respuesta.

Narró que se fijó un plazo de seis meses al Gobierno del Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo. El plazo se cumplió y el 25 de octubre el Instituto de las Mujeres, presentó ante la Mesa Interinstitucional, un informe que dio cuenta de los resultados. El informe presentó “serias omisiones e inconsistencias” que invisibilizan la situación de violencia contra las mujeres en la entidad, no muestran acciones contundentes, con indicadores claros, objetivos y evaluables para prevenir, atender y erradicar la situación en el estado.

Dijo además que ante esta situación, integrantes de la sociedad civil organizada y la academia, participantes del Consejo Consultivo Social del Instituto de las Mujeres y la Mesa Interinstitucional para atender los Feminicidios, solicitaron subsanar las deficiencias del informe entregado. Dichos llamados, a la fecha no han sido atendidos por las instancias conducentes, mencionó la investigadora.

Consideró que la “inmovilidad y falta de respuesta” de las ocho instancias gubernamentales que integran la Mesa interinstitucional motivó la renuncia de las mujeres representantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis A.C., Otra Oportunidad, A.C. y Educación y Ciudadanía, A.C. (Educiac), por considerar este espacio “un acto más de simulación ante el proceso”.

Y denunciaron un proceso unilateral que frena las acciones a favor de la activación de la alerta de género en el estado; la insistencia de las instituciones por sostener una simulación que invisibiliza la grave situación de violencia contra las mujeres en San Luis Potosí; la incapacidad del Instituto de las Mujeres para transversalizar la perspectiva de género entre las instituciones y con ello perpetuar la violencia estructural contra las mujeres y fortalecer la impunidad ante la violencia contra las mujeres que priva en el estado de San Luis Potosí.

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